Las críticas de Correa apuntaron a la gestión del agua potable pues en muchos municipios no se cobra el agua potable o es muy barata y a través de esta medida se busca evitar el desperdicio. El Primer Mandatario sostuvo que esta tarifa “no tiene fines recaudatorios”. Además fue enfático al señalar que las industrias y el sector productivo deberán pagar una tarifa más alta por el agua al ser un insumo de producción y no un derecho humano.
Adicionalmente, Carlos Bernal, Secretario Nacional del Agua, recalcó que la cobertura de acceso de agua potable llega al 90% pero la recolección de aguas servidas es apenas del 10% de la cual solo la mitad tiene tratamiento.
1) Nuevo impuesto al consumo de agua afectará a sector productivo
La propuesta del Gobierno Nacional consiste en calcular el consumo de agua por persona y sobre el exceso cobrar una tarifa a las empresas prestadoras de agua potable. Correa anunció que se aplicaría una tarifa de US$ 0,02 o 0,06 por m3 que supere el excedente según el tipo de infraestructura (local o estatal) que provea el agua cruda.
Según la propuesta de tarifa, la empresa prestadora de Guayaquil pagaría unos $15 millones por año mientras que la de Quito unos $3 millones al año. El Secretario del Agua agregó que el año 2016 se utilizará como base hasta que entre en vigencia en el 2017.
Si bien los sujetos de este impuesto son las empresas operadoras de agua potable, estas trasladarán su carga final a los usuarios. El impacto directo será para los grandes consumidores que generalmente destinan su uso a actividades productivas. Estas a su vez transferirán el incremento de costos a los precios de sus productos. De esta manera, esta medida le restaría competitividad al sector productivo.
Por otra parte, utilizar solamente los datos del año 2016 como referencial para definir el consumo vital podría generar algunas distorsiones. Lo más adecuado sería disponer de una serie de datos con varios años para identificar los efectos de estacionalidad y su tendencia. También hay que tener en cuenta que el 2016 será un año de muy bajo desempeño económico e incluso con decrecimiento, por lo que se podría subestimar el cálculo del consumo vital.
2) Modelo de gestión del agua en Ecuador es predominante público
En Ecuador el 99% de las empresas prestadoras es pública (municipal). Solo en Guayaquil se mantiene un sistema de concesión con un operador privado hasta el 2031 (Interagua). En Samborondón también existe participación del sector privado pero es minoritaria (Amagua -CEM).
Si bien las críticas del Presidente se enfocaron en comparar el modelo de Guayaquil con otras ciudades, vale la pena aclarar que cada ciudad aplica distintos pliegos tarifarios y tienen sistemas con sus propias particularidades lo que hace complejo su comparación. Al respecto la Asociación De Entes Reguladores de Agua y Saneamiento (ADERASA) publicó un informe comparativo de los principales operadores de agua de América Latina que incluye a Guayaquil y Quito.
Las tarifas del agua potable en Ecuador son determinadas por el Estado (a través de los concejos municipales o de las empresas públicas de agua). Además, no existen derechos de propiedad sobre el agua, lo que dificulta su valoración y transabilidad entre usuarios. En Chile, gracias al establecimiento de derechos de propiedad sobre el agua, se ha creado un mercado de aguas dinámico que permite a los usuarios negociar la disponibilidad de agua hacia sus usos más valorados.
Las principales empresas de agua del mundo utilizan una metodología para controlar el desperdicio a través de pérdidas físicas (roturas, fugas) y comerciales (subfacturación, submedición, conexiones clandestinas). Sin embargo, se requieren recursos e inversiones para rehabilitar y mantener la infraestructura de redes que está bajo tierra, así como tecnología y buenas prácticas para prevenir usos no autorizados.
3) ¿Existen otras alternativas para evitar el desperdicio?
Los impuestos y las restricciones son una salida fácil que emplean las autoridades para regular el comportamiento de una sociedad. Sin embargo, esto genera distorsiones a mediano y largo plazo y no solucionan la raíz del problema, que es la falta de definición de derechos de propiedad privada sobre el agua y los obstáculos legales para el funcionamiento de un sistema de precios.
En lugar de impuestos, existen otras formas más creativas para enfrentar este problema. El Gobierno podría ofrecer incentivos tributarios a los grandes consumidores que incorporen en sus procesos productivos prácticas y tecnologías orientadas a la reutilización, reciclaje o reducción del recurso agua.
Otra opción es permitir una mayor participación del sector privado en la gestión del agua tanto a nivel de inversiones (expansión, rehabilitación, mejoras) como también en la operación, mantenimiento y gestión comercial de los servicios. En Chile por ejemplo no hay empresas públicas o estatales, y los servicios son prestados por empresas privatizadas o concesionadas. E incluso, un estudio realizado por María Luz Domper concluye que en ese país las empresas privatizadas han tenido un mejor desempeño que las concesionadas.
Si bien la Constitución de Montecristi limita la privatización del agua en Ecuador, las empresas públicas no están prohibidas de subcontratar sus actividades con operadores privados que necesitan de capital para nuevas inversiones y mejorar la operación y eficiencia en la prestación de los servicios.
Finalmente, los mejores resultados en gestión del agua los ha obtenido Chile que tiene las más altas coberturas de acceso a agua potable y de tratamiento de aguas servidas en América Latina y donde el desperdicio se desincentiva a través del sistema de precios.
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