Mención en el libro "El Estallido del Populismo" (2017) editado por Álvaro Vargas Llosa, Gabriela Calderón y otros autores

La necesidad de un cambio constitucional* (Por Pedro Romero Alemán)

Vivimos todavía en un país con un crecimiento económico limitado, en promedio alrededor de 4% anual de PIB real tanto antes como después de la 'revolución ciudadana'. Pero si ha habido el milagro del jaguar ecuatoriano para unos cuantos. Eso es precisamente lo que se necesita cuando se trata de formar una nueva oligarquía, un nuevo grupo de poder. 

Imaginemos la siguiente situación. La estrategia política de un movimiento que ha funcionado así: primero, alcanzar el poder; segundo,  romper con el régimen anterior que significaba mantener las prebendas a los grupos tradicionales; tercero, crear rentas para su propio grupo y para co-optar otros siempre que sea necesario; y cuarto, poner al estado o a la maquinaria estatal al servicio de su propaganda política para así afianzarse en el poder y hacer del estado su partido como sucedió con el PRI en México por un poco más de setenta años.

El boom petrolero del periodo 2003-2014 cae como anillo al dedo al generar las rentas extraordinarias necesarias para reducir la resistencia o el bloqueo de grupos de interés previos. Esto ha funcionado así: con mayores rentas se podían lograr dos objetivos: premiar a los leales y crear un núcleo de partidarios con mejores sueldos y seguridad laboral; y a su vez otorgar nuevos subsidios a otros grupos mientras hayan recursos financieros. El primer grupo son burócratas, secretarios de gobierno y otros muy cercanos al líder. El segundo grupo incluye contratistas privados, u otros como por ejemplo, transportistas; y hasta aquellos beneficiados indirectamente del boom. Efectivamente, en la crisis económica se redujeron las obras públicas y los subsidios a transportistas de parte del gobierno, porque no se puede sacrificar al núcleo duro.

Este nuevo grupo de personas con mayores sueldos y acceso al poder verá como amenaza a otros contendientes del poder, más aún en un contexto donde el ajuste fiscal se recomienda necesario y la alternativa de ingresos en el sector privado se estima inferior. De allí que apelar a este grupo para pedir sus votos sólo tendrá éxito en la medida en que se prometa mantener los mismos privilegios y que tal promesa sea creíble. Por eso es que para este grupo de personas será más fácil otorgar su voto al candidato oficial, por la credibilidad en la dependencia mutua entre el líder y sus bases. De está manera, surge un nuevo grupo con su élite y sus seguidores leales facilitado por dos factores: primero, por el auge petrolero que en países donde tales recursos están nacionalizados hace más fácil su control discrecional; y segundo por el deterioro de la élite anterior que ante la comodidad se despreocupó del riesgo de perder el poder porque ya no implicaba necesariamente perder las rentas económicas obtenidas. Así tenemos que se cumple la "ley de hierro de la oligarquía", la estructura del poder es la misma sólo cambia quien la administra. 

Entonces, si no se ha cambiado ni el crecimiento del país; un milagro económico de hecho implica tasas de crecimiento anual en términos reales cercanas al 10% como lo señala el caso de China; ni tampoco la estructura del poder, cabe preguntar: ¿dónde está la revolución?. Para salir de está trampa institucional donde la última constitución ha sido personalizada, y se la acata estratégicamente, es imperativo establecer un mejor cambio institucional. La evidencia económica señala que eso es posible cuando se entiende que las constituciones son límites al poder mas no una lista enorme de derechos/prebendas que resultan en mayor poder al gobernante de turno. Nuestros derechos existen antes del estado o cualquier acuerdo social. Como también señalan investigadores de las universidades de Toulouse y Harvard, después de un régimen predatorio que ha generado recesión económica el mejor cambio es aquel que se divorcia por completo de las políticas del anterior, y esa es la mejor estrategia política para la oposición.  

* Artículo publicado en: http://econ101.usfq.edu.ec/2016/12/la-necesidad-de-un-cambio.html

Caricatura de Pancho Cajas publicada en Diario El Comercio 27 de mayo de 2015

De revoluciones y planificadores* (por Gabriela Calderón de Burgos)*

Leonardo Vicuña Izquierdo en 1987 realizó un recuento de la evolución de los planes de desarrollo que se han elaborado e implementado en Ecuador desde 1933. Allí Vicuña dice que en todos los casos se han diagnosticado “los problemas del desarrollo ecuatoriano, las potencialidades económicas del país” y que en torno a las evaluaciones realizadas posteriormente “hemos podido apreciar que siempre los resultados han sido desalentadores”, en muchos casos, empeorándose los problemas que los planes pretendían resolver.

Vicuña lamentaba la falta de poder en los organismos planificadores, la resistencia del sector privado a las directrices de los planificadores, los débiles mecanismos de control, entre otras cosas. Así que la obsesión planificadora de nuestra clase política no es novedosa.

El auge de la planificación estatal se suele dar cada vez que tenemos una bonanza petrolera. Así fue que durante el primer boom petrolero, según lo relata el economista Wilson Pérez, el gobierno “nacionalista” y “revolucionario” del general Guillermo Rodríguez Lara consideró que la economía manifestaba “una gran concentración del poder y la riqueza en sectores reducidos incapaces de crear las motivaciones para el desarrollo”. Su respuesta fue “sacudir al país de la dependencia de los centros oligárquicos del poder”.

Con eso en mente, la dictadura militar publicó en 1972 su plan de gobierno. El plan hacía recurrentes llamados a combatir la ineficiencia y corrupción en la administración pública, la “explotación” y la desigualdad de riqueza. También prometía diversificar la producción, distribuir más equitativamente el desarrollo entre las regiones del país y habla de “sustitución de importaciones en forma selectiva”. Casi todo el plan podría ser copiado y adoptado por el gobierno de la Revolución Ciudadana y costaría encontrar las diferencias.

¿En qué terminó ese experimento? Durante los primeros años los tecnócratas a cargo de la “revolución” pudieron jactarse de niveles de pobreza en declive y de un crecimiento económico impresionante. Pero luego empezaron a asomar los estragos. El sector industrial estaba altamente concentrado entre grupos privilegiados por la política industrial y comercial del régimen. Estos grupos se beneficiaban de un mercado casi cautivo, permitiéndoles elevar los precios al consumidor. El gobierno revolucionario luego trató de imponer controles de precios, lo cual dio lugar a una red de corrupción alrededor de las oficinas estatales encargadas de hacerlos cumplir. Se acentuó la dependencia de la economía en el petróleo.

Según los economistas Pedro Romero y Fabián Chang, el Estado ecuatoriano llegó a tener 99 organizaciones del Ejecutivo y ministerios (para 1950 había tenido tan solo 36). Entre 1971 y 1990 se crearon 61 empresas estatales. Casi todo lo creado durante la dictadura revolucionaria militar sigue vivo o ha sido revivido por el Gobierno actual. De acuerdo con Romero y Chang, entre 1965 y 1980 el gasto del Estado como porcentaje del PIB pasó de 9,5% a 22,5%. Pérez señala que la deuda pública pasó de 16% del PIB en 1971 a 42% del PIB. El legado de las “dictablandas” fue la década perdida de los ochenta.

De ese experimento setentero estatista podríamos haber aprendido que un Estado obeso y controlador no conduce ni a la democracia liberal ni a la prosperidad. Pero nos tocó repetir la experiencia y ya estamos viendo resultados similares. Ojalá esta vez aprendamos la lección.

* Artículo de opinión publicado en Diario El Universo, 16 de diciembre de 2016.