Por: Ec.
Fabián Chang (@fabchang)
Analista
Económico y Socio Fundador de ASIA BT
El
Presupuesto General del Estado (PGE) del año 2018 fue presentado por el
Ejecutivo y aprobado por la Asamblea Nacional con un total de ingresos y gastos
de $34.853 millones. Esta cifra representa alrededor del 34% del Producto
Interno Bruto del Ecuador según la última estimación del Banco Central.[i] Sin embargo, el PGE no
registra el verdadero peso del Estado sino apenas una fracción de la acción gubernamental.
En este
artículo presento argumentos, evidencias y algunas recomendaciones para transparentar
la rendición de cuentas a la ciudadanía para un uso más eficiente de los
recursos de los contribuyentes.
El Presupuesto General del
Estado no es un presupuesto general y no contiene todos los gastos del Estado. El PGE solo registra los ingresos y
gastos de las 5 funciones del Estado: Ejecutivo, Legislativo, Judicial,
Electoral y Transparencia y Control Social y no incluye las actividades de
otras entidades del sector público como son las empresas públicas (por ejemplo Petroecuador,
TAME, CNT, etc.), entidades financieras (Banco del Pacífico, Banco Central del
Ecuador, Corporación Financiera Nacional, etc.) y Gobiernos Autónomos Descentralizados
(municipios, prefecturas y juntas parroquiales).
En
otras palabras, el Presupuesto General del Estado no es “general”, en el
sentido que no consolida todas las actividades del sector público, ni es de
todo el Estado, pues solo abarca algunos niveles y sectores de la acción del
gobierno. Es decir que la contabilidad gubernamental subvalora el verdadero
peso del Estado para los ciudadanos, situación que es aprovechada por los
actores políticos, burócratas y grupos de poder para seguir utilizando el poder
que tiene el gobierno para crear una ilusión fiscal y las familias y empresas sigan
financiando el gasto público con más impuestos, #PaqueTasas, aranceles y
contribuciones.
En
resumen, el Presupuesto General del Estado es apenas la punta visible de un
iceberg cuya gran masa permanece oculta para la mayoría de los contribuyentes.
El costo de la acción
estatal va más allá de los ingresos y gastos del PGE. Aún en el evento de que se logre
consolidar y transparentar todas las cuentas del Estado a nivel de Gobierno
Central, empresas públicas, entidades financieras y gobiernos autónomos
descentralizados, se requiere también contabilizar otras actividades del Estado
que en la práctica representan una carga para el sector privado.
Estas
actividades ocultas en la contabilidad gubernamental se denominan “costos
regulatorios” y es adicional a los gastos administrativos (por ejemplo:
contratación de personal, campañas de publicidad, inspectores, etc.) que las
entidades públicas ya registran en el presupuesto público para redactar y hacer
cumplir las regulaciones que estas generan.
Para
ilustrar este caso, recientemente el Servicio de Rentas Internas emitió una
resolución que exige reportar información desde el año 2014 sobre cuentas
bancarias en el exterior.[ii] Este tipo normas obligan
a personas y empresas a asignar recursos escasos (tiempo, personal, o contratar
servicios profesionales) para satisfacer el designio de una entidad pública sin
evaluar el costo final de esta decisión para los ciudadanos e incluso para el
Estado.
¿Cuál es el impacto
económico de este costo regulatorio?
El efecto de este costo regulatorio es muy similar a los impuestos, pues las personas
y empresas simplemente están obligadas a cumplir con la regulación, de lo
contrario son sujetas a multas o sanciones y por esta razón, terminan trasladando
este costo a los consumidores finales, trabajadores y/o inversionistas. Al
final del día, este costo regulatorio desvía capital que pudiera ser asignado para
la creación de valor o para el ahorro familiar y termina reduciendo la
capacidad productiva y el poder adquisitivo de la sociedad en general.
Según
el libro Diez Mil Mandamientos publicado por el Competitive Enterprise
Institute, solo en Estados Unidos, el costo estimado de la regulación federal
fue $1.963 trillones en 2016 lo que equivale a un 10% del PIB de ese país, esto
sin incluir el gasto y el costo regulatorio de la administración local y del
estado.[iii] Otro estudio de la
Asociación Nacional de Manufactureros de Estados Unidos estimó que el impacto
del costo regulatorio afecta más a las pequeñas empresas que a las grandes
corporaciones.[iv]
Solo
para fines ilustrativos, si asumimos que Ecuador mantiene una conducta
regulatoria similar a la de Estados Unidos, el costo regulatorio en nuestro
país sería de unos $10.402 millones, cifra comparable a la recaudación total del
IVA y del impuesto a la renta previsto en el PGE del 2018. Es decir que los
contribuyentes en Ecuador estaríamos pagando de manera oculta casi el doble de
la carga tributaria debido a un entorno regulatorio ineficiente. Según, el
Índice de Libertad Económica 2017 publicado por la Fundación Heritage[v], el clima para hacer
negocios en Ecuador es menos amigable que en Estados Unidos de acuerdo al
componente “Libertad de Empresa” tal como se observa en el Gráfico 1, por lo
que el costo regulatorio en Ecuador podría ser mayor al 10% del PIB.
Gráfico 1.- Comparativo de
entorno regulatorio entre Estados Unidos y Ecuador (1995-2017)
Fuente y elaboración: Índice de Libertad Económica 2017,
Fundación Heritage.
Para
transparentar la acción del Estado sobre la vida de los ciudadanos, es
recomendable que el Estado nos de unas cuentas claras y que no defraude la
confianza de sus contribuyentes. Para ello, la contabilidad gubernamental
debiera consolidar en un solo documento el Presupuesto Total del Estado e
incluso facilitar su acceso en formato Excel para que pueda ser analizado y
auditado por fácilmente por cualquier ciudadano. Es más, con el uso de nuevas
tecnologías digitales como Big Data, inteligencia artificial y automatización
será posible en un futuro cercano hacer un seguimiento y control más detallado
del presupuesto público.
El
costo regulatorio también debiera ser monitoreado, revisado y reportado
periódicamente con el Presupuesto Total del Estado. Otra buena práctica es que a
nivel legislativo y las entidades públicas se incorpore un análisis costo
beneficio previo a la aprobación de nuevas normas y antes de la ejecución de cada
actividad que se ejecute con fondos públicos.
Un
antiguo refrán decía: “Cuentas claras y chocolate espeso”. Si no empezamos a
exigir cuentas claras al Estado, obtendremos un chocolate diluido y a la larga
hasta nos quedaremos sin chocolate.
* Artículo publicado por la Revista Comercio de la Cámara de Comercio de Guayaquil, enero de 2018, disponible en:http://www.lacamara.org/website/revista-comercio/RevistaEnero2018.pdf
[i] Banco Central del Ecuador, Previsiones Macroeconómicas del
Ecuador Resultados al 06 de Diciembre 2017, disponible en: https://contenido.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/Estadisticas/SectorReal/Previsiones/PIB/PrevAnual_dic2017.xlsx
[ii] Resolución No. NAC-DGERCG17-00000566
publicada en el Registro Oficial No. 123 – Suplemento del lunes 20 de noviembre
de 2017.
[iii] Clyde Wayne
Crews, “Ten Thousand Commandments”, Competitive Enterprise Institute (CEI), May
31, 2017, disponible en: https://cei.org/sites/default/files/Ten%20Thousand%20Commandments%202017.pdf
[iv] W. Mark Crain
and Nicole V. Crain, “The Cost of Federal Regulation to the U.S. Economy, Manufacturing
and Small Business,” National Association of Manufacturers, September 10, 2014,
disponible en: http://www.nam.org/Data-and-Reports/Cost-of-Federal-Regulations/Federal-Regulation-Full-Study.pdf
[v] Índice de Libertad Económica 2017
publicado por la Fundación Heritage, disponible en: http://www.heritage.org/index/visualize?cnts=ecuador|unitedstates&src=country
